
Hacía mucho tiempo que no se hablaba tanto de “competitividad” en este país, pese a que nunca ha sido uno de sus puntos fuertes. La competitividad, para aquellos que no estén acostumbrados a la terminología, consiste en mantener una ventaja comparativa que permita alcanzar, mantener o acrecentar una ventaja en el entorno socioeconómico. Esta ventaja puede asegurarse actuando sobre los costes, diferenciándose en el producto o inclinándose a una segmentación en el mercado. Hasta aquí, lo mínimo que se puede decir de la teoría.
A partir de aquí, hablar de la “competitividad de España” es ciertamente complejo. Para empezar ni todas las regiones son iguales, ni todas las empresas mantienen, pretenden o pueden plantearse niveles de competitividad aceptables. Alguien pensará que me olvidado de los sectores productivos a la hora de establecer diferencias cualitativas en lo referente a las oportunidades de competitividad. Pero, a poco que examinemos nuestro parque empresarial, observaremos que contamos con corporaciones que se sitúan en puestos de cabeza en sectores aparentemente inalcanzables para nosotros. En consecuencia, no es posible ni deseable generar una estrategia global para el desarrollo de nuestro nivel de competitividad. Aquello que puede ser valido para Galicia, no tiene porque funcionar en Cádiz. Pero una cosa es cierta: necesitamos un plan a medio y largo plazo. El problema de partida es que ese tipo de espacios temporales son indeseables para un político con aspiraciones.
Aunque se puede decir y discutir mucho sobre los pretendidos factores de competitividad, rara vez se incide y, menos aún, se destaca como esencial el papel de las personas. Podremos contar con recursos financieros, tecnológicos, geoestratégicos y hasta con un poco de suerte, pero sin las personas, es dudoso que consigamos mejorar nuestros actuales niveles competitivos.
De partida, aunque nos duela admitirlo, constatamos serias deficiencias y carencias en relación con la capacidad de las personas para convertirse en el motor de competitividad de este país:
A) El bajo nivel de cualificación profesional de, al menos, una tercera parte de las personas en situación de desempleo. Hace algunas semanas, un consejero autonómico del ramo me confesaba que en torno a un millón de los actuales parados tienen bajas posibilidades de reintegrarse a una actividad profesional. Esta cifra, aunque sea exagerada, escapa incluso al miltoniano concepto de “tasa natural” o, si prefieren llamenla NAIRU – non accelerating rateo of unemployement. Algo a lo que los norteamericanos están “naturalmente acostumbrados”.
B) La inexistencia en los curriculums educativos de estrategias para el desarrollo de capacidades y competencias ligadas al emprendimiento, la Inteligencia Estratégica y Creativa, más allá de los contenidos específicos de las distintas disciplinas. Una educación que debe ser temprana y comprensiva sin esperar a los filtros de las etapas educativas superiores. Las personas, son las personas en su conjunto y no sólo quienes pueden portar una titulación superior.
C) La baja penetración de los conceptos de emprendimiento, gestión del conocimiento, etcétera en las clases empresariales de este país centradas en el corto plazo y la productividad en su acepción más simplista. La productividad no es necesariamente signo de competitividad.
D) La decimonónica concepción de la gestión de las personas en la empresa, reflejo de la necesidad inmediata de una revolución profunda de los conocidos hasta ahora como “recursos humanos”.
E) La ausencia de un marco de valores compartidos que, se quiera o no, tiene un amplio reflejo en la concepción que las personas tienen de su trabajo, por qué, para qué y cómo trabajo. En los últimos diez años, hemos fomentado la ecuación trabajo- dinero= placer. Y esta es una carencia que no podemos remitir a la “escuela” para su solución como si de una campaña de la DGT se tratase. Más bien al contrario, es una responsabilidad del conjunto de la sociedad.
La conclusión, una vez más, es siempre la misma: NECESITAMOS UN PLAN.